Una invitación a reflexionar respecto del papel que los tribunales ambientales están llamados a desempeñar en la construcción de una justicia “que aborde no solo las externalidades ambientales derivadas de la actividad humana, sino también las profundas desigualdades sociales que el cambio climático agudiza”, formuló la ministra presidenta del Segundo Tribunal Ambiental, Marcela Godoy Flores, durante su intervención en el Seminario Internacional sobre Acción climática, organizado por la Contraloría General de la República.
En su presentación, la ministra Godoy puso el foco en el maridaje existente entre acción y justicia climática; cómo los Tribunales Ambientales han incorporado estas dimensiones en sus sentencias; y, los desafíos que enfrenta esta magistratura especializada para contribuir a una justicia climática que resuelva de manera efectiva las controversias que surgen en este contexto.
“En los últimos años, los Tribunales Ambientales han incorporado en sus fallos fundamentos que reflejan la aplicación de criterios inspirados tanto en la acción como en la justicia climática, desarrollando razonamientos interpretativos que abordan no solo la dimensión técnica, sino también las implicancias sociales del cambio climático, incluyendo la equidad intergeneracional y la protección de comunidades vulnerables. Estas decisiones fortalecen la acción climática a nivel nacional, y, además, contribuyen a construir una jurisprudencia orientada a una justicia climática efectiva y con enfoque en derechos humanos”, expresó.
La presidenta del Segundo Tribunal Ambiental entregó algunos ejemplos de sentencias de esa judicatura especializada que han recogido diversos principios y directrices contemplados en instrumentos internacionales y en la legislación nacional sobre cambio climático y explicó cómo la Ley Marco de Cambio Climático ha establecido acciones específicas referidas a instrumentos de política climática cuyo conocimiento ha sido asignado a los Tribunales Ambientales.
Finalmente, se refirió a los desafíos que enfrentan los tribunales especiales para contribuir de manera más efectiva a la justicia climática, particularmente en la resolución de controversias socioambientales vinculadas al cambio climático, como por ejemplo, fortalecer la especialización técnica y científica de ministros y asesores; avanzar hacia mecanismos que favorezcan soluciones colaborativas en la resolución de conflictos climáticos; fortalecer las herramientas para la ejecución efectiva de las sentencias y de los acuerdos conciliatorios; e incorporar de manera sistemática la perspectiva territorial y socioecológica en la resolución de las controversias.
“La justicia climática demanda reconocer que los impactos de la crisis no son homogéneos en todo el territorio, y que estos varían según las características ecológicas, sociales y culturales de cada zona. Por ello, es clave que las decisiones de los Tribunales Ambientales integren un enfoque que reconozca la vulnerabilidad diferenciada de ciertos ecosistemas y comunidades, especialmente de pueblos indígenas y comunidades rurales, avanzando hacia una justicia que no solo sea formalmente correcta sino también materialmente para quienes enfrentan de manera desproporcionada los efectos de la crisis climática”, enfatizó.
