El Segundo Tribunal Ambiental llevó a cabo audiencia en cuarto reclamaciones presentadas por agrupaciones indígenas de la región de Tarapacá en contra del Comité de Ministros, debido a la aprobación ambiental del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”.
El Tribunal estuvo integrado por la ministra Marcela Godoy Flores, presidenta, y los ministros Cristián Delpiano Lira y Cristián López Montecinos. Los alegatos fueron realizados por los abogados Lorenzo Soto Oyarzún, en representación de la Asociación indígena Aymara de Caleta Chanavaya y la Asociación indígena Wilamasi de Pescadores Mamq´Uta (causa R-430-2023); Nicolás Castillo Cortés, por Carlos Barreda Paniagua y otros (causa R-448-2024), Alberto Marín Castro, por la Asociación Aymara Perla del Desierto Wallka Puruma (causa R-457-2024), Benjamín Muhr Altamirano, por el Servicio de Evaluación Ambiental, y Emanuel Ibarra Soto, de Compañía Minera Doña Inés De Collahuasi, tercero independiente.
Las reclamantes buscan que el proyecto sea paralizado y que el Tribunal le ordene al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que lleve a cabo un proceso de consulta indígena y dicte una nueva resolución que de inicio a un nuevo procedimiento de evaluación ambiental del proyecto.
Entre otros aspectos argumentan que existe una inadecuada línea de base del medio humano, puesto que habrían sido excluidas ilegalmente tanto del proceso de participación ciudadana como del proceso de consulta a pueblos indígenas, incurriendo la autoridad ambiental en una infracción al deber de realizar reuniones con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas que está establecido tanto en el reglamento del SEA como en el Convenio Nº 169 de la OIT.
Las reclamantes también plantean alegaciones asociadas a la evaluación del componente marino, deficiencias en la línea de base del proyecto respecto del medio humano y un incorrecto descarte de los efectos, características o circunstancias vinculados a sistemas de vida de grupos humanos, la localización del proyecto próxima a poblaciones y la alteración del valor paisajístico.
En tanto, el SEA, que solicita desechar las reclamaciones, sostiene que no se presentarán impactos significativos sobre los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas reclamantes del Sector Puerto, ya sea respecto de los recursos hidrobiológicos por los efectos de la Planta Desaladora, como por el aumento de población flotante; ni restricciones de las actividades pesqueras por mayor tránsito de barcos.
Respecto a las reclamaciones de las asociaciones indígenas del sector Cordillera, el SEA plantea que no se cumplen los requisitos que hacen procedente la consulta indígena. Al respecto agrega que existió una correcta determinación de la línea de base del medio humano en el sector cordillera y del área de influencia del proyecto en el mismo sector, ya que se atendió al espacio geográfico que comprendía el emplazamiento de las partes, obras y acciones del Proyecto, para luego, en virtud del levantamiento de información efectuado, a partir de fuentes primarias y secundarias, pasar a identificar los impactos ambientales potencialmente significativos sobre los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. De acuerdo con las entrevistas a miembros del grupo Familia Barrera Paniagua -detalla la autoridad ambiental- la trashumancia pastoril y/o el uso extendido del territorio ya no se realiza.
El proyecto consiste en asegurar la continuidad de las operaciones de Collahuasi por un periodo estimado de 20 años, mejorando la capacidad de procesamiento de minerales sulfurados de 170 ktpd a 210 ktpd, extendiendo e integrando los permisos medioambientales y considerando una fuente complementaria de abastecimiento hídrico (planta desaladora en sector Puerto Collahuasi).
Antecedentes
- 7 de enero de 2019, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”.
- 21 de diciembre de 2021, la Dirección Ejecutiva del SEA calificó favorablemente el proyecto (RCA N°20219900112).
- En contra de la RCA se interpusieron dos recursos de reclamación, los que fueron desestimados por el Comité de Ministros, el 25 de agosto de 2023 (Res. Ex. N° 202399101669); y tres solicitudes de invalidación, rechazadas el 10 de enero de 2024 (Res. Ex. N°20249910121). Este último acto administrativo fue objeto de un recurso de reposición el que fue rechazado el 27 de febrero de 2024 (Res. Ex. Nº202499101181).
- Las reclamaciones fueron ingresadas el 10 de octubre de 2023 (R-430-2023), el 20 de febrero de 2024 (R-448-2024), el 21 de febrero de 2024 (R-449-2024) y el 8 de mayo de 2024 (R-457-2024). Todas las causas fueron acumuladas.
Ir al expediente de la causa R-430-2023, acumula R-448-2024, R-449-2024 y R-457-2024
