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El Segundo Tribunal Ambiental realizó audiencia en reclamación presentada por Inmobiliaria Proyekta Ltda. contra multa de 74 UTA ordenada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a proyecto inmobiliario en la comuna de Las Condes por ruidos molestos.

El procedimiento sancionatorio, que culminó con la multa, se originó luego de una denuncia por ruidos molestos contra las faenas de construcción del edificio y tras una fiscalización ambiental que registró una excedencia (de 10 dB(A) durante horario diurno) a la norma de emisión de ruidos molestos (D.S. N° 38/2011).

Acceder al expediente R-350-2022

El Tribunal estuvo integrado por los ministros Cristián Delpiano, presidente, Alejandro Ruiz y Fabrizio Queirolo. Mientras que los alegatos estuvieron a cargo de los abogados Álvaro Toro, en representación de María Martínez y otros (R-183-2018) Alejandra Donoso, por Maite Birke (R-184-2018); Macarena Soler, por Marcela Mella (Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo), Benjamin Muhr, por la SMA y Mario Galindo por Alto Maipo SpA, tercero coadyuvante de la Superintendencia.

Los reclamos fueron interpuestos por la concejala de San José de Maipo Maite Birke, la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo; y un grupo de integrantes de la denominada Red Metropolitana No Alto Maipo en conjunto con una vecina de dicha comuna, luego de que la SMA aprobara el programa de cumplimento elaborado por la empresa y suspendiera el procedimiento administrativo sancionatorio llevado en su contra por diversos incumplimientos a la RCA que aprobó el proyecto.

En términos generales, los reclamantes argumentan que el programa de cumplimiento presentado por Alto Maipo SpA y aprobado por la SMA no cumpliría con los requisitos para su aprobación, por cuanto no contaría con los contenidos mínimos exigidos por la normativa vigente. Sostienen que el PDC no se haría cargo de subsanar los efectos provocados por las infracciones cometidas, ni aseguraría que estas se vayan a cumplir correctamente a futuro.

Por ello solicitan al Tribunal Ambiental que invalide la resolución que aprobó el programa y proceda a rechazarlo, y que se ordene a la SMA reiniciar el procedimiento sancionatorio contra la empresa de energía.

Antecedentes

• El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo comprende a dos centrales de pasada dispuestas en serie hidráulica en el sector alto del río Maipo: Alfalfal II y Las Lajas, en la comuna de San José de Maipo. El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto fue calificado favorablemente el 30 de marzo de 2009 (Res. Ex. N°256/09, de la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Región Metropolitana).
• 20 de enero de 2017, la SMA formuló cargos a Alto Maipo SpA, por 14 incumplimientos a la RCA del proyecto; 9 fueron calificados como grave y 5 leve (Res. Ex. N°1/D-001-2017).
• 16 de febrero de 2017, la empresa presentó un programa de cumplimiento, el cual fue objeto de diversas observaciones de parte de la SMA.
• 6 de julio de 2017, Alto Maipo SpA presentó el programa de cumplimiento refundido, el cual también fue objeto de observaciones del ente fiscalizador.
• 6 de febrero de 2018, la empresa presentó una tercera versión de su programa de cumplimiento refundido, coordinado y sistematizado. El que nuevamente recibió observaciones de la SMA.
• 26 de marzo de 2018, Alto Maipo SpA hizo entrega a la SMA de una cuarta versión del programa de cumplimiento refundido, coordinado y sistematizado y sus anexos, el cual fue aprobado por la jefa de la división de sanción y Cumplimiento de la SMA el 6 de abril de 2018 (Res. Ex. N°29/ROL D-001-2017).
• 3 de mayo de 2018, la concejala de San José de Maipo Maite Birke interpuso reclamación en contra de la resolución que aprobó el programa y suspendió el procedimiento sancionatorio contra la empresa, la que fue admitida con el rol R-183-2018.

Con igual fecha la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo interpuso en el Tribunal Ambiental de Santiago reclamación en contra de la misma resolución de la SMA, la cual fue admitida con el rol R-184-2018.

Finalmente, ese mismo día, un grupo de integrantes de la Red Metropolitana No Alto Maipo y una vecina de la comuna de San José de Maipo, interpusieron una reclamación en contra de la misma Res. Ex. N°29/ROL D-001-2017, siendo admitida por el Tribunal Ambiental, con el rol R-185-2018.

Ir a los expedientes de las causas R-183-2018, R-184- 2018 y R-185-2018

Reclamación de ilegalidad R-182-2018

Agrícola Alma Limitada en contra de la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso (Res. Ex. N° 18-2018, de 27 de febrero de 2018)

Acceder a documento que modifica las bases.

La reclamación fue interpuesta por Belisario Farías Piña, luego que la Directora de la región Metropolitana del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) declarara inadmisible su solicitud de invalidar la RCA del proyecto y rechazara el recurso de reposición que interpuso posteriormente. El reclamante alegaba ilegalidades en la dictación de la RCA del proyecto de almacenamiento de productos silvoagropecuarios y solicitaba la revocación de su permiso ambiental.

El Tribunal recordó que el sistema recursivo especial para impugnar una RCA, está dado en función del agotamiento de la vía administrativa. Es decir, los órganos allí establecidos –Director Ejecutivo del SEA o Comité de Ministros- deben pronunciarse sobre las reclamaciones interpuestas ante estos, de forma previa a la intervención jurisdiccional sobre un determinado asunto. Sobre el particular, la sentencia razona que “(…) teniendo en cuenta la coherencia del sistema recursivo en sede ambiental en cuanto al SEIA, ante eventuales errores subsanables contenidos en una RCA, y existiendo una vía recursiva especial a propósito de la evaluación ambiental, ésta debe prevalecer por sobre la vía recursiva general contemplada en el artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600.”

La sentencia explica que “habiéndose presentado una reclamación PAC en forma paralela a la solicitud de invalidación objeto de autos, cuyos contenidos revelan idénticas pretensiones, las cuales, en cuanto al fondo, serán resueltas en la sentencia que se dicte en la causa rol R Nº 146-2017, la presente reclamación será rechazada (…)”.

Concluye la sentencia señalando que “(…) la presente reclamación será rechazada en virtud de lo expresado anteriormente sobre el régimen recursivo especial a propósito del SEIA, contenido en la Ley Nº 19.300, y por entender que, al haber declarado la inadmisibilidad de la solicitud de invalidación, la reclamada ha actuado conforme a Derecho”.

El Tribunal estuvo integrado por los ministros Alejandro Ruiz, presidente, y Juan Escudero. La sentencia fue redactada por el ministro Escudero.

Antecedentes

• 12 de noviembre de 2014, Sociedad Puerto Viluco S.A ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) el proyecto “Centro logístico Puerto Viluco”, a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la que fue admitida el 18 del mismo mes.
• El proyecto, ubicado en la comuna de Buin, consiste en la construcción y operación de un centro destinado al almacenamiento de productos silvoagropecuarios.
• 14 de marzo de 2016, la Comisión de Evaluación Ambiental Metropolitana calificó favorablemente el proyecto. (RCA N° 146/2016)
• 16 de mayo de 2016, el reclamante presentó una solicitud de invalidación de la RCA del proyecto.
• 20 de julio de 2016, la Directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Metropolitano declaró inadmisible la solicitud. (Res Ex. N° 386/2016)
• 27 de julio de 2016, el reclamante interpuso recurso de reposición contra la decisión anteriormente citada.
• 9 de noviembre de 2016, la Directora del SEA Metropolitano rechazó el recurso de reposición. (Res. Ex. N° 584/2016)
• 15 de diciembre de 2016, el Belisario Farías Piña interpuso en el Tribunal Ambiental reclamación en contra de la última resolución del SEA Metropolitano, solicitando revocar todas las resoluciones dictadas por la autoridad ambiental, a partir de la dictación de la RCA favorable del proyecto.
• 29 de diciembre de 2016, el Tribunal declaró admisible la reclamación asignándole el rol R-139-2016.
• 15 de mayo de 2017, Puerto Viluco S.A. se hizo parte como tercero coadyuvante del SEA.
• 25 de mayo de 2017, se llevaron a cabo los alegatos estuvieron a cargo de las abogadas Valentina Durán Medina, en representación del reclamante, y Yordana Mehsen Rojas, por el SEA; y el abogado Rodrigo Rivera Cuevas, de Puerto Viluco S.A., tercero coadyuvante del SEA.

Ir al expediente de la reclamación Rol R-139-2016.

El recorrido, por el denominado Pozo Lo Adasme, fue encabezado por los ministros Alejandro Ruiz, presidente, Rafael Asenjo y Felipe Sabando.

La causa analizada por el Tribunal Ambiental de Santiago tiene su origen en una Demanda de reparación de daño ambiental presentada por el Estado de Chile, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en el 29° Juzgado Civil de Santiago (causa rol N° C-6454-2010), por el grave daño ambiental generado por las actividades de EFE y Molymet S.A. en el pozo Lo Adasme, sitio que corresponde a un antiguo depósito de áridos, donde además se llevó a cabo el depósito final de escorias de ferromolibdeno de Molymet.

En ese momento se sostenía que este lugar se había transformado en un verdadero vertedero ilegal de residuos de diversa naturaleza, entre ellos escoria de fundición de la planta de Molymet, lo que constituía al menos un riesgo para la calidad de vida de la población cercana.

El 30 de marzo de 2012, el 29° Juzgado emitió sentencia, acogiendo la demanda solo respecto de EFE y desestimándola en relación a Molymet S. A. La sentencia fue apelada por el CDE en la Corte de Apelaciones de Santiago, la que el 4 de noviembre de 2013, acogió dicha acción condenando a ambas empresas a reparar el daño ambiental causado, a través de la implementación de diversas acciones. Los recursos de casación interpuestos en contra de este fallo fueron rechazados en todas sus partes por la Corte Suprema, el 1 de septiembre de 2014.

Según la demanda presentada por el CDE, tanto EFE como Molymet S.A. no habrían cumplido con lo ordenado en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, por lo que solicitaron al Tribunal que ordene que ambas empresas cumplan con la obligación de ejecutar un proyecto de saneamiento de suelo (que deberá ser aprobado por las autoridades competentes) y el retiro total de los residuos de escorias de fierro molibdeno y a su traslado a un acopio autorizado”.

Ir al expediente de la causa D-36-2017

El Tribunal Ambiental de Santiago, por la unanimidad de sus integrantes, dictó dos sentencias en las que rechazó tres reclamaciones interpuestas por Compañía Minera Maricunga (CMM) en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), relacionadas con el procedimiento sancionatorio que el ente fiscalizador abrió contra el proyecto Minero Refugio.

En marzo de 2016, la SMA sancionó a Maricunga con la clausura definitiva del sector de pozos de extracción de agua (RA-1, RA-2 y RA-3), ubicados en el Corredor Biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda, tras comprobar que debido a su acción se desecaron al menos 70 hectáreas de humedales ubicados en el complejo lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa Rosa y existía riesgo de desecación de otras 73 hectáreas. En espera de resolver un recurso de reposición presentado por la empresa en contra esta sanción, el ente fiscalizador decretó – previa autorización del Tribunal Ambiental- dos medidas urgentes y transitorias (MUT) consistentes en la clausura temporal (total, primero, y parcial, luego) del mismo sector.

Sanción de clausura
Respecto a la reclamación por la sanción de clausura total de los pozos de extracción, el Tribunal fundó el rechazo, entre otros aspectos, en que en el caso de autos, se configuró una desviación procesal; toda vez que “ante esta sede, CMM ha planteado una pretensión distinta y desvinculada de aquella contenida en el recurso de reposición interpuesto ante la SMA. En efecto, mientras en sede administrativa se pidió la adecuación o modificación de la sanción de clausura definitiva de los pozos de extracción de agua, contenida en la Resolución Exenta N° 234/2016, ante esta judicatura la reclamante de autos solicita la declaración de ilegalidad de dicha resolución, fundamentada, en lo particular, en la falta de precisión del cargo formulado, infringiendo el principio de tipicidad”.

Esta sentencia también rechazó las alegaciones respecto a eventuales ilegalidades en la resolución que modificó la sanción –acogiendo un recurso presentado por la propia empresa-, en aspectos relacionados con la forma, requisitos, condiciones y gradualidad en la implementación de la sanción. De acuerdo a los antecedentes presentados por Maricunga estas ilegalidades habrían estado asociadas al incumplimiento del requisito de la consulta; la “inmiscución” de la SMA en facultades del Sernageomin; y en un error en el cálculo de la cantidad de agua otorgada por la SMA.

“Que, teniendo en cuenta la relación establecida por el legislador entre lo ambiental y los planes de cierre de faenas mineras de competencia de Sernageomin, es necesario concluir que el ejercicio de la potestad sancionadora de la SMA es uno de aquellos casos que, cuando corresponda, supondrá la modificación del plan de cierre respectivo. En ese sentido y aplicando el principio de coordinación antes citado, la resolución impugnada en autos expresamente remite los antecedentes al Sernageomin para los efectos que éste estime pertinente. Por consiguiente, para estos sentenciadores, la SMA no se “inmiscuyó” -como señala la reclamada- en las competencias de dicho servicio sino que, por el contrario, cumplió con su obligación de informarle las modificaciones a la sanción original para que éste adopte lo que en derecho corresponda. En efecto, será el Servicio sectorial, que en uso de sus competencias, deberá decidir la actualización del Plan de Cierre, tomando en cuenta lo resuelto en el marco del procedimiento sancionatorio de la SMA. Por estas razones, la pretensión de la reclamante a este respecto será desestimada”, detalla la sentencia.

Medidas urgentes y transitorias
En la sentencia que rechazó las dos reclamaciones de ilegalidad de las medidas urgentes y transitorias, el Tribunal Ambiental concluyó que la SMA actuó legalmente al ordenar las MUT, ya que –detalló- “SMA justifica razonadamente la verificación de efectos no previstos en la evaluación (del proyecto Refugio), cuya ocurrencia habría provocado un daño inminente y grave para el medio ambiente”; no actuó contradictoriamente al modificar la solicitud de clausura temporal (de total a parcial), pues tomó esta decisión en base de nuevos antecedentes aportados por CMM, “los que le permitieron “modificar su decisión original para evitar un daño adicional, pronosticado por la propia reclamante”; y tampoco sobrepasó el plazo de duración de las medidas, pues trataba de dos MUT y no de medidas provisionales, que “si bien son medidas que comparten algunas características -en particular, la prevención de daño al medio ambiente y su transitoriedad-, tienen un alcance, objetivos y requisitos distintos”.

También rechazó las alegaciones respecto a un potencial vicio de desviación de poder cometido por la SMA, pues esta actuó sin apartarse del objetivo de la norma. En el primer caso, su fin fue enfrentar la eventualidad del avance de la desecación, mientras que con la segunda MUT no buscó imponer de inmediato la sanción, pues incluso permitió la extracción mínima de agua.

Finalmente, desestimó la alegación de desproporción de las MUT, afirmando que estas “ponderaron adecuadamente la continuidad operacional de la faena, incluida la extracción de agua, de conformidad a lo establecido en las resoluciones de calificación ambiental correspondientes, y el daño inminente y grave al medio ambiente. En efecto, a juicio de estos sentenciadores, la SMA fundamentó adecuadamente su adopción como la única vía posible de enfrentar las consecuencias de los efectos no previstos, sin que CMM acreditara la existencia de una medida equivalente y menos gravosa que permitiera alcanzar el mismo resultado”.

Para ambas causas, el Tribunal estuvo integrado por los ministros Rafael Asenjo, Sebastián Valdés y Ximena Insunza. Las sentencias fueron redactadas por la ministra Insunza.

Historia

• Compañía Minera Maricunga (CMM) es titular del “proyecto minero Refugio”, cuya faena principal se encuentra en las inmediaciones del complejo lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.
• 5 de mayo de 2015, la SMA inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra CMM, imputándole una infracción ambiental. (Rol D-14-2015).
• 17 de marzo de 2016, la SMA culminó dicho procedimiento, sancionando a CMM con la clausura definitiva del sector de pozos de extracción de agua (pozos RA-1, RA-2 y RA-3), ubicados en el Corredor Biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda, tras comprobar que debido a su acción se desecaron al menos 70 hectáreas de humedales del complejo y existía riesgo de desecación de otras 73 hectáreas. La infracción fue clasificada como gravísima.
• 28 de marzo de 2016, CMM dedujo recurso de reposición en contra de la resolución sancionatoria de la SMA.
• 25 de abril y 17 de mayo de 2016, considerando que la clausura definitiva solo podría hacerse efectiva una vez resuelto el recurso de reposición, la SMA solicitó al Tribunal autorización para imponer dos medidas urgentes y transitorias (MUT), consistentes en la clausura temporal (primero total y luego parcial) del sector de pozos (solicitudes roles S-33-2016 y S-36-2016 del Tribunal Ambiental).
• 19 y 27 de mayo de 2016, CMM ingresó al Tribunal Ambiental sus reclamaciones en contra de las MUT (Res. Ex. N° 391/2016 y N° 443/2016, de la SMA), las que fueron admitidas bajo los Roles R-111-2016 y R-113-2016, y acumuladas.
• 9 de julio de 2016, CMM ingresó al Tribunal Ambiental reclamación en contra de la resolución sancionatoria de la SMA (Res. Ex. N° 234, de 17 de marzo de 2016, modificada por la Res. Ex. N° 571, de 23 de junio de 2016).
• 11 de octubre de 2016, se realizaron, en forma sucesiva, los alegatos de las tres reclamaciones.
• 28 de noviembre de 2016, los ministros del Tribunal Ambiental llevaron a cabo una visita inspectiva al sector.

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Ir al expediente de la causa R-111-2016, acumula R-113-2016